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En la sesión inaugural de la onceava edición del seminario de Teoría Crítica, la Dra. María José Fariñas se encargó de realizar una profunda reflexión sobre la actual crisis del estado social.
Su
planteamiento inicial se enfocó en que la presente crisis, no obedece a un
momento coyuntural (en donde se combina la austeridad económica y el
autoritarismo político) sino que más bien responde a un cambio fundacional,
viniendo de muchos años atrás y lamentablemente con un largo recorrido, todavía
por delante, que implica una transformación en las bases éticas y morales de la
constitución en su ámbito material.
El
momento de inflexión cuando se comienza a producir dicho cambio, es la
aprobación del tratado de Maastricht, pues a partir de ahí, una serie de políticas
neoliberales, en lo económico, y neoconservadoras, en lo político, se
introducen en las distintas constituciones europeas. En igual sentido, la
creación del Banco Central Europeo, contribuye al reforzamiento de una
oligarquía económica y financiera, al abrir un nuevo proceso constituyente para
la Unión Europea (UE), que se aleja de los orígenes democráticos, sociales,
internacionalistas y universalistas, sobre los que se había fundado tal
organización.
Por
tanto, la actual estructuración de la UE no solo ha provocado el detrimento de
unos derechos en específico, que en principio son los de corte sociales, sino
que además de trascender a otros derechos y libertades, también a derivado en
el peligroso cuestionamiento de la estructuración de la democracia.
Negando
la narrativa oficial que aduce que el Estado no interviene en la sociedad,
hasta que se introducen los derechos sociales en el ámbito material de la
constitución, la Dra. Fariñas afirmó que la faceta intervencionista del Estado ha
existido desde la creación del Estado moderno, y por tanto lo único que ha
ocurrido es un cambio de enfoque en dicho intervencionismo. Pues en un primer
momento, cuando se garantizaron los derechos de propiedad, seguridad y
libertad, el Estado, en lugar de intervenir a favor de los individuos, buscó
proteger a las élites económicas empresariales, propiciando un
anti-individualismo estructural, que a la larga ha permitido la concentración
de poder en pocas manos.
Es
hasta principios del siglo XX, cuando ocurre un importante ajuste social, donde
el Estado se ocupa del bienestar de las personas, sin que al mismo tiempo deje
de intervenir a favor de las élites económicas.
Sin
embargo, alrededor de la década de los ochenta, se asiste de nueva cuenta a
otro ajuste, pero ahora de corte neoliberal y neoconservador; cuya solución es la
actual situación de crisis. Así, al momento en que el Estado deja de asumir el
bienestar de sus ciudadanos, se provoca la ruptura del enlace legitimador de las
personas con las estructuras políticas democráticas. Pues solo los Estados, las
burocracias públicas, en términos weberianos, generan ciudadanos, con derechos
y obligaciones. En cambio, las burocracias privadas (oligopolios empresariales,
trasnacionales), no generan ciudadanos, sino clientes, donde lo único que
interesa es su solvencia económica para consumir.
Así
entonces, uno de los elementos que más han contribuido a ese cambio, desde el
punto de vista jurídico es la técnica de la desregularización, entendida no
como la ausencia de normas, sino como el cambio en los objetivos formales y
materiales de la regulación en distintos ámbitos:
- En el financiero, al provocarse una ruptura entre la economía financiera y la economía real, donde lo único que importa es el negocio
- Respecto al laboral, cuando el trabajo ha dejado de ser contemplado como el vínculo de integración social y eje de estructuración común, frente a la utopía neoliberal del consumo.
- Y en cuanto al político, prescindiendo de la búsqueda de valores comunes en defensa de la ciudadanía, ésta se ha convertido en un mero mecanismo de gestión técnica de bienes y personas, que ofrece una respuesta represiva en el ámbito de la seguridad y equipara la protesta social al crimen.
Bajo esa lógica, el suministro de mensajes simples y tranquilizadores a corto plazo en línea con una ideología concreta, por parte del gobierno, propugna el discurso del miedo y la inseguridad, de la mano de la privatización, como coartada utilizada para perpetuar la concentración de poder en pocas manos; por ende, dicho proceso también plantea una “derechización” de la ciudadanía, al grado de que hoy en día, de 28 gobiernos de la UE, 22 son de derecha o extrema derecha.
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| Asistentes a la sesión inaugural de la XI edición. |
María
José Fariñas, invita a ser
concientes de la situación en que vivimos, pero desde el ámbito de la
constitución material, para así focalizar correctamente las críticas y entender
que la democracia es un proceso, con avances y retrocesos, donde una excesiva
crítica a ésta, puede desembocar peligrosamente en consecuencias demoledoras,
por tanto resulta indispensable entender la actual crisis como un cambio
fundacional.
Cuando
las demandas de los movimientos de la indignación, no son demandas materiales
concretas, sino demandas de valores, el reto político del siglo XXI para
Europa, será gestionar la desafección social y la depresión colectiva para
afrontar ese proceso que sigue provocando desigualdades y crear esperanzas de
nuevo.
